El impuesto sobre las grandes fortunas creado recientemente en España ha sido objeto de mucha controversia y debate en los últimos meses. Muchos han argumentado que este impuesto es ilegal e inconstitucional, y que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Para empezar, es importante señalar que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental reconocido en la Constitución española. Este derecho protege la capacidad de los ciudadanos para disponer libremente de sus bienes y propiedades, y se considera una base esencial para el funcionamiento de una sociedad libre y democrática.
Sin embargo, el impuesto sobre las grandes fortunas parece ir en contra de este derecho fundamental. Al obligar a las personas a pagar un impuesto sobre sus bienes y propiedades, el Estado está limitando su capacidad para disponer libremente de ellos. Además, el impuesto se basa en el patrimonio de las personas, es decir, en la cantidad de bienes y propiedades que poseen, lo que significa que sólo afecta a las personas con grandes fortunas. Esto parece ser discriminatorio y va en contra de la igualdad de oportunidades que debe existir en una sociedad justa.
Otro problema con el impuesto sobre las grandes fortunas es que, al establecer una tasa única para todas las personas con grandes fortunas, sin tener en cuenta su situación financiera o su capacidad para pagar, puede resultar desproporcionado e injusto. Por ejemplo, una persona con una gran fortuna puede tener muchas deudas o estar pasando por una situación financiera difícil, y el impuesto podría poner en peligro su estabilidad económica.
Además, hay que tener en cuenta que el impuesto sobre las grandes fortunas no es el único impuesto que afecta a las personas con grandes patrimonios. Muchas de ellas ya están sujetas a impuestos como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre el Patrimonio. Esto significa que estas personas pueden estar pagando impuestos dobles o incluso triples sobre sus bienes y propiedades, lo que resulta excesivo e injusto.
Por otra parte, el impuesto sobre las grandes fortunas parece ser una medida desesperada del Estado para recaudar más dinero. En lugar de buscar soluciones más sostenibles y justas para aumentar sus ingresos, el Estado ha optado por esta medida que afecta indiscriminadamente a contribuyentes, sin tener en cuenta sus circunstancias, por lo que la progresividad del mismo queda más que en entredicho.
Y si alguno de ustedes piensan en coger su fortuna y marcharse no podemos criticarlo, pero si avisarlo, casi con toda seguridad pasa a ser un presunto defraudador y delincuente.
Otro clavo más en el ataúd de la riqueza de España.
Disfrútenlo, esto no ha hecho más que empezar
